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ACREDITACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES REQUISITO PARA LA DEDUCCIBILIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

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Adjunto el texto de la sentencia 22196 fechada junio 22 de 2016 proferida por el Consejo de Estado. El máximo tribunal administrativo, aborda la solicitud de suspensión de los Oficios 060032 de 23 de 2013 y 34321 de 9 de 2014, proferidos por la Dian, actos en los cuales el ente de control tributario sostiene que “en la determinación del impuesto sobre la renta, para la procedencia de la deducción por pagos realizados a una persona natural que presta servicios de transporte de carga, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social que le corresponden al contratista según la ley”. En la sentencia se niega la suspensión provisional de los oficios, lo cual constituye una ratificación de la tesis en ellos contenida.

Para que sirva de ilustración y soporte, transcribo la parte pertinente de la sentencia citada:

“Como se expuso anteriormente, por disposición de los artículos 3 del Decreto 1070 de 2013 y 9 del Decreto 3032 de 2013, reglamentarios del artículo 108 del Estatuto Tributario, para que sea deducible en el impuesto sobre la renta los pagos realizados a las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, esto es, a trabajadores independientes, es necesario que: i) se trate de una relación contractual, es decir, que el pago realizado a la persona natural se derive de un contrato de prestación de servicios, independientemente de su naturaleza -civil, comercial o regido por derecho público o normas especiales- y, ii) que el contratante verifique el pago que el contratista efectuó a la seguridad social en relación con los ingresos obtenidos del contrato.

Independientemente de las clasificaciones hechas por el legislador en materia de transporte que pone de presente el solicitante –comercial o civil, público o privado-, es importante tener en cuenta que para efectos fiscales el artículo 1º del Decreto 3032 de 2013, definió el concepto de “servicio personal” como “toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero, en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración” (negrilla fuera de texto).
En ese sentido, debe concluirse que indistintamente de la naturaleza que el legislador le otorgue al servicio de transporte de carga, si el servicio es prestado por una persona natural debe catalogarse, para efectos fiscales, como un servicio personal que se realiza por un trabajador independiente –concepto diferente al de contrato intuito personae-.

Así las cosas, cuando se celebra un contrato de transporte de carga con una persona natural, al tratarse de un servicio personal en los términos previstos en el artículo 1º del Decreto 3032 de 2013 y al no mediar una relación laboral o legal y reglamentaria, debe entenderse que se celebra con un “trabajador independiente” y, en esa medida, para que sea deducible en el impuesto sobre la renta los pagos realizados a aquel, debe verificarse el pago a la seguridad social en relación con los ingresos obtenidos del contrato.
En otras palabras, al contratarse la prestación del servicio de transporte de carga con una persona natural independiente –no con un operador o una empresa transportadora- le asiste al contratante la obligación prevista en al parágrafo 2º del artículo 108 del Estatuto Tributario para ser beneficiario de la deducción allí prevista.

En ese orden de ideas, como los Oficios 060032 de 23 de 2013 y 34321 de 9 de 2014 concluyeron que “en la determinación del impuesto sobre la renta, para la procedencia de la deducción por pagos realizados a una persona natural que presta servicios de transporte de carga, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social que le corresponden al contratista según la ley”, no se advierte violación de normas constitucionales y legales invocadas por el demandante, por lo que no se accederá a la solicitud de suspensión provisional de dichos actos.”

RAÚL FERNANDO HOYOS CALDERÓN
DIRECTOR DE IMPUESTOS

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