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ACTOS DE CORRUPCIÓNQUE DEBEN DENUNCIAR LOS REVISORES FISCALES

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Los revisores fiscales no pueden argumentar que no conocían del acto de corrupción y que por lo tanto no podían denunciarlo. Además, frente a actos corruptos no procederá el secreto profesional, ya que los contadores también deben velar por los intereses de las personas que no son dueñas de las empresas.

Hay que recordar que el art. 7 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, Estatuto Anticorrupción, adicionó el numeral 5 al art. 26 de la Ley 43 de 1990 para indicar que los revisores fiscales que no denuncien oportunamente los actos de corrupción cometidos por los entes jurídicos a los que están vinculados enfrentarán el proceso de cancelación definitiva de su inscripción (su tarjeta profesional) ante la Junta Central de Contadores.

El numeral adicionado establece lo siguiente:

“ART. 26 Ley 43 de 1990.—De la cancelación. Son causales de cancelación de la inscripción de un contador público las siguientes:
1..
2…
3…
4..
5. Cuando se actué en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción. En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.”

(Subrayados son nuestros)

Al respecto, puede entenderse que si el contador público que tiene el nombramiento de revisor fiscal es un Contador que trabaja para una firma de contadores, y esa firma es la que ha colaborado o dado las instrucciones de mantener oculto un acto de corrupción, a dicha firma también se le podrá cancelar su respectiva inscripción ante la Junta (literal “a” del parágrafo contenido en el art. 26 de la misma Ley 43 de 1990).

¿Cuáles son los actos de corrupción que debe denunciar el Revisor Fiscal?

La norma da a entender que los revisores fiscales que deben denunciar los actos de corrupción serían tanto los vinculados a entes del sector privado como del sector público, y sin importar si el revisor está vinculado bajo prestación de servicios o relación laboral.

Pero debe destacarse que el numeral adicionado al art. 26 de la Ley 43 de 1990 hace referencia a la obligación de denunciar los actos de corrupción “que haya conocido” o“que tuviera la obligación legal de conocerlo”.

Esa última frase es muy delicada pues da a entender que el revisor fiscal no puede alegar que no conocía de ciertos casos, pues se sabe que un revisor tiene facultades y libertades para revisar todos los actos llevados a cabo por los administradores y empleados de la empresa (art. 207 del Código de Comercio).

El problema es que muchos llevan demasiadas revisorías fiscales al mismo tiempo, y en ese caso no les alcanza el tiempo para hacer las pruebas de todas las áreas de la empresa con la debida profundidad y con ello detectar posibles casos de fraudes o corrupción. Y claro está, algunos llevan más revisorías fiscales de las que tienen capacidad de atender todo por el hecho de en varias de ellas no les reconocen sus debidos honorarios.

Por otro lado, son muchos los casos en que un mismo contador o firma de contadores permanecen por mucho tiempo en el cargo de revisor fiscal en la misma empresa por lo cual hasta la propia Supersociedades ha dado entender que lo mejor sería rotarlo cierto tiempo para que no se comprometa la independencia profesional pues obviamente, si dicha independencia está comprometida es muy difícil que el revisor salga a denunciar los actos de corrupción.

En consecuencia, para ocupar el cargo de revisor fiscal se requerirá contar no solo con experiencia para detectar casos de corrupción sino también con el tiempo suficiente para auditar a profundidad las áreas más críticas de las empresas y hasta con la firmeza necesaria para no dejar comprometer su independencia profesional cuando pasen muchos años al servicio de una misma empresa.

No importa la gravedad del acto, a denunciarlos todos

Los actos de corrupción que puede detectar un revisor fiscal son variados y de distinta trascendencia o importancia, pero la norma pide que no puede hacer distinción y que los deberá denunciar todos ante las autoridades disciplinarias o fiscales correspondientes (Superintendencias, DIAN, UIAF, Ministerios y hasta Fiscalía).

Algunos de los actos de corrupción que pueden ser detectados por los revisores que deberán ser denunciados serían:

·         Que el ente económico esté llevando una doble contabilidad haciendo con ello evasión fiscal y emitiendo estados financieros ficticios. Este fraude habría que denunciarlo a las Superintendencias y a la DIAN firmando con salvedades las declaraciones tributarias. De no hacerlo se enfrentarían, adicionalmente a la pérdida de la tarjeta profesional, a los procesos contemplados en el art. 43 de la Ley 222 de 1995 (cárcel) y art. 658-1 del E.T. (sanciones en dinero).

·         Que el ente económico está desviando los recursos que tienen una destinación específica.

·         Que el ente económico esté fabricando bienes, incluso hasta alimentos, con materiales de baja calidad y vendiéndolos como si fueran productos de excelente calidad.

·         Que el ente económico está participando en actividades de lavado de activos movilizando entre sus cuentas corrientes y de ahorros los dineros de los que se dedican a actividades delictivas como narcotráfico, terrorismo, secuestro, etc.

·         Que el ente económico está haciéndole préstamos a los socios sin que haya la justificación para hacerlo (Concepto 220-14108 de febrero 28 2003 de la Supersociedades).

·         Que el ente económico esté confabulado con alguna cooperativa o precooperativa de trabajo asociado (C.T.A o P.C.T.A.) para tener a varias personas prestándole servicios en sus instalaciones con la figura de ser “asociados de la C.T.A.” cuando en realidad deberían tenerlos vinculados con contratos de trabajo directo.

·         Que el único accionista de una S.A.S. se hace pasar por secuestrado falsamente para que cesen las obligaciones mercantiles que tiene esa sociedad.

Secreto profesional no se tiene que guardar en estos casos

En la última parte del numeral que se adicionó al art. 26 de la Ley 43 de 1990 se menciona que en relación con la obligación de denunciar los actos de corrupción “no procederá el secreto profesional”.

Al respecto, el secreto profesional es una faceta del oficio del contador o del revisor fiscal la cual está regulada en los artículos 63 a 67 de la Ley 43 de 1990 y que le indican que los datos que llega a conocer de un cliente no se pueden estar revelando a quien no deba conocerlos.

Pero cuando se trate de asuntos delicados detectados por el contador en las sociedades comerciales, y desde antes que se expidiera la Ley 1474 de 2011, la Corte Constitucional había dado su Sentencia 062 de 1998 donde declaró exequible el art. 489 del Código de Comercio e indicó que para esos casos no operaba el secreto profesional, pues la Corte destacó que los contadores también deben velar por los intereses de las personas que no son dueñas de las empresas, es decir, los intereses de la comunidad en general y los del Estado.

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