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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES COMERCIALES

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El artículo 22 de la ley 222 de 1995, dispone que son administradores de una sociedad, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo a los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Estas personas que son catalogadas como tal de manera expresa en el ordenamiento jurídico colombiano, disponen de un régimen de deberes y responsabilidades especiales y se encuentran sujetos a una serie de restricciones de carácter legal en su actuar.
Al respecto, el régimen societario establece que los administradores están llamados a actuar bajo los deberes de buena fe, diligencia, cuidado y lealtad correspondientes a un buen hombre de negocios, por lo que el deber de diligencia que ejercen, debe ser de un grado aún mayor que el de un buen padre de familia, por tratarse de personas profesionales o conocedoras de las ciencias de la administración que son capaces de asumir los riesgos propios que se derivan de los negocios.
Así las cosas, según la ley 222 de 1995, la responsabilidad de los administradores es solidaria e ilimitada por todos los perjuicios que con dolo o culpa causen a la sociedad, a los asociados y a terceros y bastará entonces que se pruebe la configuración de los elementos del daño, la culpabilidad en el actuar, y el nexo de causalidad entre uno y otro para indilgar la respectiva responsabilidad.
Conforme a lo anterior, cuando exista presencia de una presunta responsabilidad por parte de un administrador, quien se considere vulnerado tendrá dos vías para actuar; la primera, a través de una acción individual de responsabilidad que busca compensar los daños causados al patrimonio de un asociado o de un tercero afectado. La segunda, por medio de la acción social de responsabilidad prevista en el artículo 25 de la ley 22 de 1995, por la cual se pretende reconstruir el patrimonio de la sociedad, por lo que quien se encuentra legitimado para ejercerla es directamente la sociedad a través del máximo órgano social y cuya adopción puede darse en cualquier reunión, ya sea ordinaria u extraordinaria.
HAROLD FABIÁN DÁVALOS MURIEL
DIRECTOR JURÍDICO
NATALIA JARAMILLO CARDONA
SEMISENIOR JURÍDICO
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